ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


AC5551-2017

Radicación n° 05308-31-10-001-2011-00399-01

(Aprobado en sesión de primero de marzo de 2017)


Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017).


Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por HÉCTOR DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia de 3 de agosto de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por LUZ AMPARO BETANCUR ALZATE contra el impugnante.


ANTECEDENTES


1. La accionante solicitó declarar la existencia de una unión marital de hecho entre las partes, “a partir de 1992”, y en consecuencia, que se ordene “la liquidación de los bienes relacionados y de los que se llegaren a relacionar posteriormente” (fl. 15 del c. 1).


2. Luego de notificado personalmente del libelo inicial, el convocado acudió al proceso para oponerse a las súplicas de su contraparte y plantear las defensas de mérito que denominó “carencia de affectio maritalis”, “unidad doméstica”, “ausencia de elementos axiológicos de la singularidad”, “bienes que no hacen parte del haber social: de las alegadas mejoras” y “prescripción” (fls. 72 a 85 ib).


3. La primera instancia culminó con la sentencia de 13 de marzo de 2015, en virtud de la cual, la Juez de Familia de Girardota declaró no probadas las excepciones formuladas por el accionado; acogió las aspiraciones de la gestora, concernientes a unión marital de hecho y sociedad patrimonial “entre el año 1992 y noviembre de 2010”; señaló que la última queda disuelta y en estado de liquidación; y condenó en costas a la parte vencida (fls. 178 a 194).


4. En el fallo de 3 de agosto de 2015, que resolvió la apelación interpuesta por el extremo demandado, el ad-quem confirmó la decisión impugnada. Precisó, sin embargo, que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial se dieron “entre el 1 de enero de 1992 y el 1 de noviembre de 2010”, y agregó que la providencia debe ser inscrita en los respectivos registros de nacimiento de los compañeros permanentes (fls. 15 al 26 del c. del Tribunal).


5. El enjuiciado formuló casación, que concedida por el ad-quem y admitida por esta Corte, se sustentó con el escrito que ahora se examina.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Se soporta, básicamente, en las razones que enseguida se compendian:


1. La apelación se encamina a mostrar que de acuerdo con lo probado en el juicio, la singularidad de la relación que sostuvieron las partes en este proceso se perdió en agosto de 2007, cuando el demandado y Myriam Yaneth Henao Puerta comenzaron una unión marital, razón por la que, igualmente, no tuvo lugar el surgimiento de la sociedad patrimonial invocada en la presente demanda, porque para la fecha en la que esta se radicó (24 de agosto de 2011) había operado la prescripción de la acción.


2. La doctrina y la jurisprudencia de la Corte mencionan como elementos que estructuran la unión marital de hecho “la singularidad de los extremos, que los compañeros no pueden estar casados entre sí, la comunidad de vida y la permanencia”, los cuales, “deben concurrir”. 


3. Para responder a las cuestiones planteadas por el recurrente, se toma como referente el presupuesto de la singularidad, que atañe a que la comunidad de vida entre los compañeros “sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie”.


4. En este caso, el material probatorio oportuna y legalmente arrimado no permite corroborar la afirmación del apelante, acorde con la que “desde el mes de agosto del año 2007 sostiene una relación marital –que no eventual ni pasajera- permanente, singular, con proyecto de comunidad de vida con la señora Myriam Yaneth Henao Puerta”.


Por el contrario, de ser cierto ese vínculo afectivo, lo acreditado y confesado evidencia que “con ella nunca hubo una comunidad de vida en los términos que ella debe ser entendida para configurar una unión marital, puesto que Héctor de Jesús no compartió techo y mesa con la señora Henao Puerta”.


5. Debe observarse, en relación con lo anterior, que Duván Eliecer Callejas Morales, en su testimonio, dijo conocer al demandado de toda la vida y a Amparo desde que se fue a vivir con aquél en 1993, terminando la relación en el 2010, a la par que agregó que el accionado, a partir de 2011, está saliendo con otra persona, sin saber su nombre.


Ana Rubiela Rúa Foronda manifestó no saber con precisión la fecha en la que comenzó el vínculo entre demandante y convocado, pero cree fue entre 1993 y 1994.


En lo tocante a la pareja de Héctor y Luz Amparo adujo: “no sé si es estable, pero sí sé que andan juntos, no sé si convivían y eso, pero sé que ellos a toda hora están juntos, más que todo por ser vecinos que los ve pasar uno juntos”, frase con la que se niega la connotación de “comunidad de vida”, en tanto la deponente no sabe si la misma es estable, y mucho menos si convivían.


José Ricardo Sánchez Betancur, hijo de los contendientes en este pleito, expuso que sus padres iniciaron vida en común cuando él nació en 1994, y que la culminaron en noviembre de 2010. Indicó que la relación de su progenitor con Myriam Henao arrancó el 2008, y se mantuvo oculta hasta 2011, “de ahí en adelante fue pública en Barbosa”.


Natalia Andrea Sánchez López, hija del enjuiciado, relató que Amparo y Héctor sostuvieron un noviazgo en 1992, al año siguiente ella quedó embarazada y en 1994 nació su hermano, y ahí “se fueron a vivir juntos”, formándose una “convivencia que fue permanente en el mismo techo hasta el mes de noviembre de 2010”. Puntualizó que la demandante le contó que “en el año 2007 ya no compartían lecho, porque Luz Amparo se fue a dormir a una pieza utilizada para hacer ejercicio”, y respecto a Myriam expresó que “nunca vio al papá” con ella, pero ahora sabe que “él tenía una relación con esa señora y que eso se sospechaba porque el papá era muy mujeriego”.    


Oscar Hernán Zapata Mera, esposo de Natalia, aseveró que demandante y demandada “sí convivieron como marido y mujer” desde “el año 93, 94 más o menos”, manteniéndose “hasta noviembre de 2011”.


Puede verse, entonces, que la declaración de Natalia sobre la finalización de la unión materia de este pleito, contrasta con la de José Ricardo y la de Oscar Hernán, máxime cuando este visitaba con frecuencia la vivienda de Amparo y Héctor, “dormía en ella, tenía con su esposa un cuarto para ellos, y estuvo en ese lugar para la época en la que se produjo el incidente (octubre 31 de 2010), que dio lugar al rompimiento definitivo de la vida en común de la pareja”.


Myriam Yaneth Henao Puerta, a quien el demandado llama la “testigo de mayor excepción”, hay que otorgarle poco crédito porque es “evidente el interés que tiene en el resultado en disfavor de las aspiraciones de la demandante, en tanto que ello podría ser un beneficio, aún económico, aún para ella, no tiene tanta trascendencia como lo quiere presentar el censor”.


    Se concluye sin dificultad de esas declaraciones, que la nueva relación de pareja con Myriam desde el 2007 no es cierta, porque por lo menos hasta el 10 de noviembre de 2010 esta última y Héctor no convivieron. Podría pensarse que la unión entre las partes culminó cuando dejaron de tener relaciones sexuales, pero que ello ocurrió en el 2007 “es un dato que no fue probado debidamente por el demandado”.

No se puede desconocer que Oscar Hernán Zapata Mesa “ante la Fiscalía General de la Nación declaró que demandante y demandado dejaron de compartir lecho en agosto de 2007”, pero “esa declaración no fue recaudada en forma legal puesto que la misma no fue trasladada conforme a las disposiciones legales vigentes, y porque tampoco fue ratificada por el citado señor Zapata Mesa cuando declaró el 30 de abril de 2013 ante el Juzgado Octavo de Familia de Medellín”.


Además, el lazo que ató a Luz Amparo y Héctor lo ratificaron, igualmente, los testigos Lina María Gómez Paniagua, Dolores Amparo Rincón Aguilar y Lina Maryori Serna Betancur, y no se desvirtuó con las relaciones sexuales que el demandado hubiera tenido con otra mujer, o porque él manifestara que la unión no pasó de una “unidad doméstica”, toda vez que no se explica cómo se puede definir así algo que duró más de diez años, compartiendo vida ante la sociedad como pareja.


6. Se confirma así la decisión de declarar la unión marital de hecho entre 1992 y noviembre de 2010, “precisando que pese a que sobre el dato de inicio de la relación marital no hubo glosa en el recurso de apelación, se hace necesario puntualizar esa fecha teniendo como tal el primer día del mes de enero del año 1992, en ausencia de prueba que señale una fecha distinta”.


7. En cuanto al momento en que finalizó el vínculo de Héctor con Amparo, “dato este que si fue objeto de censura,  la prueba recaudada mostró que la misma terminó en el mes de noviembre de 2010, y como el hecho que detonó tal rompimiento ocurrió en la madrugada del 1° de noviembre de ese año 2010, se tomará como tal esa fecha pues a decir de los declarantes fue ese hecho el que puso punto final a la comunidad de vida entre las partes”. 


8. No prospera la excepción de prescripción, si se toma como finalización del vínculo marital el 1° de noviembre de 2010 (de acuerdo con las pruebas recaudadas) y se le contrasta con la fecha de presentación de la demanda, 24 de agosto de 2011. Es decir, que no transcurrió el término extintivo de un año del artículo 8° de la Ley 54 de 1990.


9. Se adiciona la sentencia de primera instancia para ordenar su inscripción en los registros civiles de los compañeros, porque la unión marital de hecho constituye un estado civil.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Tres ataques se proponen en ella, cuyo compendio es el siguiente:


PRIMER CARGO


Se denuncia la violación indirecta de los artículos 1°, 3° y 8° de la Ley 54 de 1990, y la de los preceptos 175, 187, 194, 195, 196, 201, 228-3, 252 y 277 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, que condujeron al Tribunal a no dar por demostrado, estándolo: que la relación entre demandante y demandada sólo se dio en el interregno que va de enero de 1994 a agosto de 2007;  que el hecho de que dos personas vivan bajo el mismo techo no implica per se la existencia de una unión marital de hecho; que a partir de agosto de 2007, Héctor sostiene con Myriam Yaneth Henao Puerta una relación estable y permanente. Además, tener por aceptado sin ningún respaldo fáctico, que se realizaron mejoras en el inmueble del accionado.  


En desarrollo del embate, el impugnante expone:


1. Las pruebas erróneamente sopesadas son: los testimonios de José Ricardo Sánchez Betancur, Natalia Andrea Sánchez López, Ana Rubiela Rúa Foronda y Myriam Yaneth Henao Puerta, la de “mayor excepción”; y los documentos públicos, Decretos n° 2023 de 11 de julio de 1991 y 2822 de 23 de septiembre de 1992. Así mismo, “la supuesta confesión que se le endilga [al] demandado […] en todo caso fue distorsionada”.


2.  Las versiones que Natalia Andrea Sánchez López y Óscar Hernán Zapata Mesa rindieron en la Fiscalía Local Treinta y Tres, sede Barbosa, Antioquia, ingresaron al expediente como prueba trasladada y deben ser consideradas como “declaración de terceros”, toda vez que no fue solicitada su ratificación por la parte actora. Considerar lo contrario sería incursionar en un “excesivo ritual manifiesto”, como lo ha expuesto la Corte Constitucional en su jurisprudencia. 


3. La relación individual de los testimonios de Natalia Andrea Sánchez López, José Ricardo Sánchez Betancur, Duván Eliecer Callejas Morales y Ana Rubiela Rúa Foronda, junto con los documentos mencionados, dejan ver que para los años 1992 y 1993 Héctor Sánchez no vivió en el municipio de Barbosa, Antioquia, en razón a su actividad como docente en Puerto Berrío y Cisneros.


Y del nacimiento del hijo común de los contendientes “no se sigue por sí solo que se hubiera estructurado ipso facto, una unión estable, permanente, de convivencia como lo quiso hacer notar la actora”, así como tampoco que, cuál lo fijó el Tribunal, “la relación se dio desde el primer día de enero del año 1992, en ausencia de prueba que señale otra fecha distinta, pues la recaudada y valorada (no fue glosada en apelación)”. Para desvirtuar esto último, basta leer  la sustentación de la apelación en el capítulo intitulado “de los extremos litigiosos”, que muestra, precisamente, “la glosa” echada de menos. 


4. El ad-quem aseguró también que la relación de Amparo y Héctor terminó en el 1° de noviembre de 2010, por un episodio de violencia intrafamiliar denunciado por aquella. Sin embargo, se soslayó que la respectiva investigación finalizó con preclusión de la investigación, y que las pruebas (testimonios) muestran una situación totalmente distinta.


El “juzgado” dio alcance de confesión a la respuesta que el demandado dio a la pregunta de si Luz Amparo vivió en algún momento en el apartamento 202 de la carrera 17 n° 10-31 de Barbosa: “llegó en enero del 94 y se retiró en el 2010”.  Y es que no puede ser confesión anunciar una fecha de “retiro” de un lugar, porque ello no denota que hasta ese instante se tuvo una “vida en común”. 


El Tribunal estableció que la ausencia de relaciones sexuales que desdicen la convivencia de dicha pareja no se verificó, por cuanto la actora lo negó. Pero, es claro que la sola negativa de la reclamante no constituye prueba de confesión, según lo reglado en los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, toda confesión admite prueba en contrario, como ocurre con la declaración de Natalia Andrea Sánchez López, quien manifestó que la pareja de marras no compartía lecho desde el 2007.


5. El juzgador de segunda instancia inexplicablemente desatendió el precedente de la Corte Suprema de Justicia, en el que se indica que no se requiere “notoriedad o publicidad” para la conformación de una unión marital de hecho, al dejar “en entredicho la conducta de Héctor de Jesús Sánchez Gómez, como la de un infiel y mantener una relación de amantes, cuando lo cierto es que venía sosteniendo, y así acontece actualmente con su compañera, la señora Myriam Yaneth Henao Puerta, una relación marital singular, permanente y estable”.


6. Es al igual un despropósito sostener que debía existir una “separación física” de Héctor con Luz Amparo para reputar la terminación de su unión (si en gracia de discusión se tuviera por tal la unidad doméstica revestida de corresidencia), cuando claramente quedó reseñado en las pruebas recaudadas en el juzgado y en la fiscalía, que él no tenía que alejarse de lo que “con su propio esfuerzo y recursos propios había construido como su vivienda”.


En palabras del máximo tribunal de la justicia ordinaria, es el “distanciamiento definitivo de la pareja” el que pone término a una comunidad de vida, y no la “separación física” como lo contempló el Tribunal de Medellín en el fallo reprochado.

SEGUNDO CARGO


Con sustento en la “causal tercera de casación contemplada en el artículo 368 ordinal 2 del C. de P. Civil”, se hace consistir el quebranto en la falta de consonancia de lo resuelto con las excepciones de mérito formuladas.


En el desenvolvimiento del ataque, se explica que:


1. El Tribunal incurrió en un vicio de procedimiento al fallar más allá de lo suplicado por la demandante en el libelo introductor, ya que si las pretensiones giraron en torno a que se declarara una unión marital de hecho a partir de 1992, “sin  más especificación”,  al reconocerse en la providencia el vínculo hasta el 1° de noviembre de 2010, extendió “injustificadamente el límite temporal establecido en la demanda y lo realmente probado en el proceso”.


2. Para el juzgador de segunda instancia, la “supuesta relación marital” finalizó al día siguiente (1° de noviembre de 2010) del “conato punitivo […] de violencia familiar”, que al contrastarlo con la fecha de presentación de la demanda, 24 de agosto de 2011, le llevó a inferir que “no transcurrió el término de prescripción de un año a que alude el artículo 8° de la Ley 54 de 1990”.


Ese razonamiento, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, es un “craso error”, porque “no es la presentación de la demanda la que se cuenta como punto de cierre del término de prescripción”.


3. Para agosto de 2007, Héctor de Jesús Sánchez Gómez se había distanciado totalmente de Luz Amparo Betancur Alzate, como se demuestra con las declaraciones de José Ricardo Sánchez Betancur, Natalia Andrea Sánchez López, Óscar Hernán Zapata Mesa, Ana Rubiela Foronda, Duván Eliecer Callejas Morales y Myriam Yaneth Henao Puerta.


En consecuencia, “a la fecha de presentación de la demanda ya había transcurrido más del año que el art. 8° de la Ley 54 de 1990 prevé como límite del reclamo de la pretensión económica que deviene de la sociedad patrimonial que había fenecido para la data del mes de agosto de 2007”.  

TERCER CARGO


Se le enrostra al Tribunal la violación directa de los artículos 1 al 9 de la Ley 54 de 1990.


El ataque se soporta en los siguientes términos:


1. De la citada normatividad, los únicos requisitos que se extraen para configurar la unión marital de hecho son “una comunidad de vida”, “la singularidad” y “la permanencia”; cualquier exigencia adicional resulta extraña a la correcta interpretación de la legislación.


2. En no pocos casos, por motivos familiares, culturales o sociales, a las relaciones existentes entre las personas se las arropa de una apariencia que es ajena, sin que ello tenga el alcance de alterar lo que en realidad subyace. Razonar en contrario sería “añadir una carga adicional al demandado en este tipo de acción que le es completamente ajeno a la ley, dándole más peso a situaciones de apariencia y el concepto de terceros, claramente desvirtuables, que al querer de quienes deciden vivir como pareja”.


3. En ese contexto, es evidente que para agosto de 2007 Héctor de Jesús Sánchez Gómez y Myriam Yaneth Henao Puerta tenían consolidada una unión marital de hecho, que el Tribunal de forma insensible dejó entrever como la de un “amante”, desconociendo que si bien al 31 de octubre de 2010 Héctor y Amparo compartían una misma habitación, “de suyo no implicaba un acto de permanencia, y como tampoco, que debiera desatarse ora de manera física ora judicial, frente a una comunidad de vida que no preexistía para esa data”.


4. Hay entonces, con la decisión del ad-quem, una ostensible violación del artículo 42 superior, en tanto se desconoce “el alcance de la voluntad responsable de conformación de la familia […] entre el señor Héctor de Jesús Sánchez Gómez y la señora Myriam Yaneth Henao Puerta”. También de los cánones 15 y 16 ibídem, relativos a los derechos a la intimidad personal y familiar y libre desarrollo de la personalidad, a la par que de los preceptos 1° a 9° de la Ley 54 de 1990.   


5. Al desconocerse los aludidos normados, el sentido del fallo en casación no puede ser otro que despachar desfavorablemente todas las pretensiones de la actora, y en su lugar, atender la oposición que en tal sentido formulara el encartado civilmente.


CONSIDERACIONES


1. A pesar de que el Código General del Proceso entró a regir de manera integral el 1° de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15 - 10392 del 1º de octubre de 2015, el examen de la presente demanda de casación no se hará a la luz de ese estatuto, pues, según las normas sobre tránsito de legislación allí consagradas, artículos 624 -modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887- y 625-5, los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se interpusieron», y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue formulado el 24 de agosto de 2015, es decir, bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento, con sus modificaciones y adiciones, el que siga gobernándolo, aspecto que por lo demás tiene ya decantado la jurisprudencia de la Sala.


2. El escrito que sustenta la impugnación extraordinaria debe sujetarse a los requisitos formales y técnicos  establecidos en los artículos 374 ibídem y 51 del Decreto 2651 de 1991, so pena de su inadmisión y consecuente deserción del recurso.


3. Esas exigencias fueron desatendidas, en cada uno de los tres cargos propuestos, como pasa a explicarse en detalle.


3.1 En relación con el primero.


3.1.1. Como se vio, el impugnante dedicó gran parte de su tarea argumentativa a cuestionar la valoración de las pruebas que llevaron al Tribunal a establecer el 1° de enero de 1992 como inicio de la unión marital y consecuente sociedad patrimonial. A ese respecto, se adujo en el embate que “fue probado hasta la saciedad, con la prueba testimonial y la documental obrante en el plenario, esto es, los distintos actos administrativos […] que para los años 1992, 1993 el señor Héctor Sánchez no vivía en el municipio de Barbosa (Ant.), sino que por razón de su calidad de docente, permanecía en el municipio de Puerto Berrio y Cisneros (Ant.)”.


Ese aspecto, se recordará, no fue precisamente materia de debate en sede de segunda instancia, ya que en palabras de esa misma Corporación, al delimitar su competencia en la alzada, dijo:


El tema a decidir por el Tribunal, según lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, está definido y delimitado por las glosas que hace el apelante al formular la impugnación contra la sentencia, las que en el caso de la referencia se encaminan, esencialmente, a demostrar que hay material probatorio suficiente para acreditar que la singularidad, elemento integrador y de la esencia de la unión marital de hecho, se perdió cuando en agosto de 2007 el demandado y la señora Myriam Yaneth Henao Puerta comenzaron una relación marital de hecho, permanente, singular, con proyecto de comunidad de vida, y por lo mismo no hay lugar al surgimiento de sociedad patrimonial; y que en todo caso al perderse la singularidad en el mes de agosto del año 2007, surge con claridad que cuando se presentó la demanda había operado la prescripción de la acción enderezada a lograr la declaración de disolución de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. 


Por lo tanto, se infiere que lo concerniente al momento en que arrancó la convivencia marital de Luz Amparo y Héctor (1992), según la demarcación que de sus atribuciones hizo el Tribunal, no fue thema de la alzada, y en esa medida, ningún sentido tendría que entrar en el fondo  del análisis propuesto por el recurrente, porque no apunta a los razonamientos cardinales que sirvieron a la Sala de Familia del Tribunal de Medellín para apoyar su determinación, centrados en esclarecer, únicamente, el día en que terminó dicho lazo, la existencia de otro que daría al traste con la singularidad y la prescripción de los efectos patrimoniales del vínculo en cuestión.


El reproche resulta así desenfocado, sin que el defecto pueda superarse porque el censor aduzca que la inconformidad (glosa) aparece en el escrito de apelación, dado que, en ese punto, todo quedó en la mera afirmación, ayuna de cualquier prueba o demostración, como se exige en casación. Pues, “demuestra quien prueba, no quien enuncia, no quién envía a otro a buscar la prueba” (CSJ SC 025 de 26 de feb. de 2001, Rad. 6048, reiterada en CJS AC de 16 de feb. de 2007, Rad. 2000-08919-01).


Sobre el desenfoque o asimetría, que es la falencia observada, la Corte tiene dicho, en jurisprudencia que ajusta a este caso, que


… cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01).        


3.1.2. Con no menor entidad se halla que el cargo también es confuso y ambiguo, justamente porque si bien se enuncia la violación del derecho sustancial por virtud de un error de hecho en la valoración de ciertas pruebas, lo cierto es que en algunos segmentos de su desarrollo no se termina de entender si lo que verdaderamente se confuta es la comisión de un yerro de hecho en la apreciación de algunas probanzas, o un punto puramente jurídico, en atención a otras cuestiones que expone la censura. En efecto:


3.1.2.1. En un planteamiento que es arquetípico de un error de derecho, el recurrente se queja de no haberse ponderado por el Tribunal los testimonios de Natalia Andrea Sánchez López y Óscar Hernán Zapata Mesa, “trasladados” de la Fiscalía General de la Nación, porque en su parecer, al no pedirse su ratificación por la parte actora, obtuvieron la calidad de “declaración de terceros”, y una exigencia diferente representaría un “excesivo ritual manifiesto”. Es decir, que el desatino que se expone no alude a la materialidad de la prueba, bien por suponerla u ora por preterirla, aspectos propios del yerro fáctico, sino a su contemplación jurídica.


La anfibología de la que se ha hecho mención, que atenta contra la claridad y precisión que debe contener la acusación, no es posible acá superarla, porque de asumirse que lo denunciado es un error de derecho, la parte impugnante no cumplió tampoco con la tarea de demostrar en qué forma se desatendió una norma de abolengo probatorio, y cuál a cambio debió ser el proceder del Tribunal con la denominada “prueba trasladada”.


En precedente que ilustra la diferencia entre los dos errores mencionados, la Corte explicó que “dado que uno y otro ostentan identidad propia, no pueden delatarse indistinta y simultáneamente sobre un mismo medio de convicción; por supuesto que mientras que el de facto se configura por una indebida contemplación objetiva o material de las pruebas, el otro, el de derecho, surge de una equivocada contemplación jurídica de ellas, mediando la infracción de las respectivas normas de disciplina probatoria, de modo que aquí el fallador no pasa por alto la existencia de la prueba o su contenido, sino que, partiendo de su presencia, la estima o desestima de manera disonante con las normas que regulan su producción y eficacia” (CSJ SC 095 de 13 de noviembre de 1998).


3.1.2.2. Acontece igualmente que en el primer embate se dice que la sentencia de segunda instancia desatendió el precedente de la Corte, al exigirse para la configuración de la unión marital de hecho “notoriedad o publicidad”, y para su culminación una “separación física”.


En esos términos, asoma como inocultable una confrontación con características propias no del error de hecho invocado, sino de la vía directa, pues, con abstracción de la cuestión fáctica, se deduce una denuncia por indebida interpretación de la norma (en sentido lato), que dio lugar a fijar presupuestos adicionales, de un lado para el surgimiento de la unión marital de Héctor y Myriam Yaneth, y de otro, para la terminación del vínculo de aquél con Luz Amparo, la aquí demandante.

Esa mixtura, inaceptable desde el punto de vista de los requisitos formales de la demanda de casación, hace improcedente la admisión del cargo, toda vez que en lo global, este tiene elementos propios de las vías directa e indirecta, que no podría la Corte, por el linaje del recurso, remediar oficiosamente para acometer su estudio de fondo.


3.1.3. Al querer acreditar que la relación de Amparo con Héctor no terminó el 1° de noviembre de 2010, como lo dijo el Tribunal, sino en el 2007, la censura critica a ese juzgador por preterir el documento contentivo de la preclusión de la investigación por el episodio de violencia familiar que supuestamente se suscitó en aquella fecha; por dar alcance de confesión a una respuesta del demandado sobre el día de retiro de la residencia común; y la negación de la actora en torno a la ausencia de relaciones sexuales de la pareja en comento desde el 2007.


En la hipótesis de que esos errores en realidad se hubieran cometido en la sentencia de apelación, todo resultaría vano, pues, la decisión fustigada seguiría en pie, con las pruebas testimoniales que a espacio analizó eso colegiado, cuya relación se hizo anteriormente, y por ello no es necesario su nuevo recuento.


Entonces, por virtud de no enfrentarse todos las bases que confluyeron para permitir al ad-quem deducir que la unión de Héctor y Amparo finalizó el 1° de noviembre de 2010, la acusación en ese sentido es, sin más, incompleta, defecto que conlleva la inadmisión.


3.2 En cuanto atañe al segundo ataque.


Al primer golpe de vista, se observa que esta acusación es deficiente, comenzando con su enunciación, dado que mientras se señala que la causal es la “tercera de casación” del artículo 368 del C. de P. C., esto es, la fundada en “Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias”, enseguida se hace consistir el quebranto en la “falta de consonancia de lo resuelto con las excepciones de mérito formuladas”, lo cual es propio del segundo motivo, en cuyo texto se consigna: “No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.  


Y aunque se entienda que el reproche se encamina por la segunda, su proposición no es clara. Es, ante todo confusa, por cuanto en un momento da a entender que el vicio de actividad del que se queja es la incongruencia  entre las defensas perentorias que planteó y la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, y luego, con un enfoque diferente, indica que la inconsonancia es de la demanda con la resolutiva del fallo: “se extendió injustificadamente el límite temporal establecido en la demanda y lo realmente probado en el proceso”.


Además, al hacer un repaso rápido de las razones que sirven al impugnante de estribo a su censura, como por ejemplo que “no es la presentación de la demanda la que se cuenta como punto de cierre del término de prescripción”, o que para agosto de 2007 Héctor se había distanciado totalmente de Luz Amparo como lo demuestran varias declaraciones, o que “a la fecha de presentación de la demanda ya había transcurrido más del año que el art. 8° de la Ley 54 de 1990 prevé como límite de reclamo de la pretensión económica”; la Sala advierte que con ellas no se demuestra ciertamente el vicio de actividad, porque se enfilan, principalmente, a denunciar un error de juicio.  


La Corte, para prevenir esa clase de falencias, ha enseñado que en el escenario de la causal segunda, la argumentación expuesta por el recurrente no puede estar encaminada a cuestionar diversos aspectos de naturaleza jurídica o probatoria que, como se sabe, no son propios de este motivo de casación, sino que deben ser denunciados en el marco de la causal primera (CSJ SC 358 de 16 de diciembre de 2005).


3.3. En lo que concierne al tercer embate. 


3.3.1 Para satisfacer con la carga de señalar la norma sustancial que se estima vulnerada, la parte impugnante cita los artículos 1 al 9 de la Ley 54 de 1990. Valga decir, que no se acomete la tarea de puntualizar, en concreto, cuál de esos preceptos es el transgredido, así como tampoco la manera en que se produjo, carencias que derivan en el incumplimiento de los requisitos formales y mínimos de técnica indispensables para admitir el ataque.

Sobre el particular, la Sala ha indicado que son inadmisibles


“(…) las indicaciones genéricas o de cuerpos normativos en la sustentación de los cargos con soporte en la causal 1ª, en tanto ‘es ineludible para el recurrente, tratándose de la causal primera de casación, individualizar las normas de derecho sustancial que estime violadas (artículo 374, ibídem), pues de otra manera resultaría imposible el análisis del cargo propuesto, de donde no puede ser de recibo acusaciones genéricas referidas a determinados cuerpos normativos (código, ley, etc.), o a ciertos institutos, como la cosa juzgada o la reivindicación, porque, repítase, dada la naturaleza de extraordinario del recurso y su carácter dispositivo, la Corte no puede suplir ni ignorar ninguna falencia” (CSJ AC de 22 de agos. de 2011, Rad. 2007-00055).


3.3.2 Si en gracia de discusión se diera por superado lo anterior, el cargo tampoco cumpliría con los requerimientos de forma, pues, partiendo la acusación de la violación directa de la ley sustantiva, se supone que el recurrente acepta en su integridad el cuadro fáctico fijado en las instancias, cosa que acá no ocurre, porque el demandado introduce en los motivos de su inconformidad aspectos probatorios, como por ejemplo, que “es evidente que para agosto de 2007 Héctor de Jesús Sánchez Gómez y Myriam Yaneth Henao Puerta tenían consolidada una unión marital de hecho, que el Tribunal en forma insensible dejó entrever como la de un ‘amante’, desconociendo que si bien al 31 de octubre de 2010 Héctor y Amparo compartían una misma habitación, ‘de suyo no implicaba un acto de permanencia, y como tampoco, que debiera desatarse ora de forma física ora judicial, frente a una comunidad de vida que no preexistía para esa data”.


4. Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


5. Colofón de todo lo que antecede, es que se inadmitirá la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarará desierta la opugnación.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casación que el demandado, HÉCTOR DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ, interpuso frente a la sentencia de 3 de agosto de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por LUZ AMPARO BETANCUR ALZATE contra aquél.


Por consiguiente, DECLARA DESIERTA la impugnación extraordinaria.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO






ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA